¿Por qué los ayuntamientos no barren los cuarteles militares?
José Joaquín Rodríguez Lara
Los ayuntamientos, esos Frankenstein administrativos, que ejercen a la vez funciones gubernamentales, a través de sus comisiones de gobierno; normativas, con las decisiones de sus plenos; y de policía y justicia, con denuncias y sanciones, tienen y siempre han tenido una innegable vocación para ocuparse de lo que no les compete, ya sean asuntos de jolgorio o de primera necesidad.
Así que no puede extrañar que, en una parcela tan importantísima como es la educativa, los ayuntamientos sean los aguadores de la cuadrilla y, en los colegios, se encarguen de poner los conserjes, que de este modo se suele llamar por aquí a los bedeles, una figura aprovechable, cuando existe, reivindicada, cuando no está, e inexplicable casi siempre, y todo ello sin entrar a valorar si son imprescindibles, necesarios o convenientes para asegurar la eficacia de la enseñanza.
En un sistema educativo en el que las leyes las elabora el Parlamento; el Gobierno se encarga de su cumplimiento –cuando lo hace-; sobre el terreno las aplican las administraciones de las comunidades autónomas, que contratan al profesorado y construyen los colegios en solares cedidos por los municipios; es muy lógico que los ayuntamientos sean los encargados del mantenimiento de los centros educativos. Es lo más razonable. No podía ser de otro modo.
Lo absurdo es lo que ocurre en la parcela militar. Si en defensa, el Parlamento aprobase las leyes, que las aprueba; el Gobierno nombrase a los generales, que los nombra; los ejecutivos autonómicos contratasen a los militares y comprasen los fusiles y los aviones y los carros de combate, que, visto lo visto, ¿por qué no?; ¿el por qué los ayuntamientos no se encargan ya de limpiar las armas y de vigilar los cuarteles poniendo conserjes, vulgo bedeles, en las garitas? ¿Acaso la defensa tiene menos importancia, para el futuro de España, que la enseñanza?
En buena lógica, los partidos políticos que nos maltratan, tan aficionados ellos a destruir los sucesivos marcos legislativos de la enseñanza, deberían dedicarle al menos un minuto a racionalizar, homogeneizar y cohesionar una legislación educativa absurda que está llena de contradicciones, desde la tutela efectiva de los derechos, a estudiar en la lengua preferida, a elegir centros públicos o privados, a…, hasta la contratación y retribución de los bedeles de los colegios.
Lamentablemente, España y sus políticos son así, señora, y llevamos décadas aguantando que en la descentralización administrativa plasmada en la Constitución mantuviesen un reservorio de cargos públicos como es el de las diputaciones; años y años soportando que exista un Ministerio de Agricultura y una Consejería de la cosa, y servicios de agricultura en las diputaciones y hasta en algunos ayuntamientos; toda la vida preguntándonos qué hacen el Ministerio de Cultura y la Consejería de Cultura y el área de Cultura de las diputaciones y las concejalías de Cultura de los ayuntamientos. ¿Qué hacen para que la cultura, perrito faldero de las instituciones, fiera domesticada por las subvenciones, aporte tan poco a la evolución intelectual de la sociedad? ¿Dónde están las nuevas ideas, dónde la rebeldía, dónde ‘la intelectualidad’?
Se puede comprender que, para apagar los incendios, haya bomberos que dependen del Gobierno central y bomberos que dependen de la Junta de Extremadura y bomberos que dependen de las diputaciones y bomberos que dependen de ayuntamientos como el de Badajoz pues, a fin de cuentas, el fuego es muy respetuoso con las jurisdicciones y cuando va a ministerios va a ministerios y si va a diputaciones, a diputaciones va; el fuego es muy detallista y no le chamusca las competencias al vecino, pero los conserjes municipales hacen de todo y valen tanto para un roto como para un descosido.
En los museos etnográficos hay piezas obsoletas, en desuso, mucho más modernas que la asignación de competencias sobre la educación y sus conserjerías.
(Septuagésimo sexto artículo publicado en extremadura7dias.com,
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