El Postigo

Mamoneo

José Joaquín Rodríguez Lara

Me resulta imposible creer que la doctora María Jesús Mejuto, como consejera en funciones de Sanidad en el Gobierno de Guillermo Fernández Vara, convocase unas oposiciones para un puesto de funcionario de su especialidad; no puedo concebir que ella misma, a pesar de ser solamente consejera en funciones de un gobierno extremeño que acababa de perder las elecciones, designase entre sus subordinados al tribunal de esas oposiciones; no me entra en la cabeza que se presentara a la prueba, como aspirante a una plaza de funcionario; pero sobre todo no puedo creer que todo esto sea perfectamente legal, que no haya una brizna, al menos una, de ilegalidad. No puede ser cierto, no me lo creo.

No pongo en duda los méritos personales y profesionales de la doctora y exconsejera de Sanidad, la cirujana doña María Jesús Mejuto Carril. No dudo que su capacidad esté muy por encima de las demás personas que optaban al funcionariado, hasta el punto de que Mejuto obtuvo una nota de 9,33 sobre un máximo de 10, que la nota de la segunda persona clasificada fue de 6,4 y que solo cinco aspirantes más sacaron más de un 5 en una prueba en la que hubo 27 suspensos.

No dudo de la idoneidad de la exconsejera doña María Jesús Mejuto para ocupar su plaza, la suya, la que ella misma convocó, de cirugía general y aparato digestivo, pero me escandaliza la carencia total de idoneidad para gobernarnos y para administrarnos que tiene el sistema político y administrativo que se nos aplica.

La historieta protagonizada por doña María Jesús Mejuto, que nació en Múnich (Alemania) será legal, si es que lo es, pero resulta bochornosa, es una auténtica vergüenza. En la calle, a este tipo de cosas se le llama mamoneo, palabra que la Real Academia aún no ha incluido en su diccionario, a pesar de que, desde el año 2003, cuenta entre sus integrantes con don Arturo Pérez-Reverte Gutiérrez, uno de los periodistas y escritores españoles que más duramente ha escrito contra el proverbial mamoneo político español. ¡Ánimo, Arturo, que usted, que nació en Cartagena, sí puede!

La doctora María Jesús Mejuto Carril
durante una rueda de prensa cuando era consejera
de la Junta de Extremadura.
(Imagen publicada por regióndigital.com)

Me indigna muchísimo que quienes hacen las leyes y, además, nos las imponen a los ciudadanos, no las cumplan; pero me indigna muchísimo más, infinitamente más, que quienes dictan las normas lo hagan en su propio beneficio o que, a posteriori, se beneficien de ellas sin escrúpulos. Y tengo muy claro el porqué de esta indignada gradación: a quien incumple la ley para robar se le puede juzgar, condenar y hasta encarcelar, pero a quien hace la norma y la cumple es prácticamente imposible llevarle al juzgado aunque te robe a la luz del día, pues lo que hace es legal.

Aprovecharse del cargo político para acceder a un empleo público y fijo es un robo a toda la ciudadanía; no solo porque limita gravemente, si no es que la elimina en su totalidad, la igualdad de oportunidades, sino porque roba la fe en el sistema, porque debilita la democracia y porque incita al latrocinio generalizado como medio de supervivencia. Que asalte tu casa un ladrón es doloroso; que el ladrón sea el jefe de la policía es siempre mucho peor.

El desempleo es el peor problema que tiene actualmente este país. Lo sé muy bien; llevo más de dos años sin empleo. Carecer de trabajo y de ingresos regulares causa un dolor muy grande, pero la indignidad política es mucho peor; la indignidad política no es sólo un dolor, es una amputación de la democracia y como sabe muy bien la cirujana doña María Jesús Mejuto, las amputaciones no suelen ser reversibles. Así que poner de manifiesto la indignación originada por este caso no es una cortina de humo para difuminar el paro, como afirma doña Isabel Gil Rosiña, portavoz del PSOE en Extremadura, sino poner el dedo sobre la llaga de una actuación política que, como mínimo, causa descrédito, por muy legal que pueda ser. Hay que defender la democracia antes que al partido o a la ideología. Y eso sí, hay que defenderla con más diligencia de la mostrada en este caso por la actual administración autonómica extremeña.

Ojalá que el caso de la doctora Mejuto sea el último cumplimiento estricto de la legalidad que nos expolia la credibilidad, pero no es el único. Hace años, cuando la administración autonómica extremeña daba sus primeros pasos, durante el primer o segundo gobierno de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, un director general dejó de serlo para acceder a una plaza fija de funcionario y seguir trabajando en su consejería. No doy el nombre y sus dos apellidos porque hace tiempo que esa persona dejó la política y todo lo demás. Supongo que habrá más casos iguales o parecidos y, desde luego, los volverá a haber más pronto que tarde si el Gobierno presidido por José Antonio Monago no pone los medios necesarios para evitar que se reproduzcan en su propio seno.

Contra este tipo de cosas sólo cabe una medida: justicia. De nada sirven los gestos personales, aunque sean dignos de elogio y se hagan ante notario, de renuncia a algunos de los privilegios injustificados e innecesarios de los que disfrutan los políticos de este país. Tampoco tranquilizan las renuncias colegiadas al mamoneo, por muy solemnemente que se formalicen. Hay que ponerlo todo por escrito, hay que hacer leyes y aplicarlas. La política no es un oficio, es un servicio y no debiera seguir siendo un confortable salón de estar con dos puertas giratorias: una hacia los consejos de administración y otra hacia el funcionariado.

Hubo un tiempo en el que el honor, la integridad, la ética..., todo lo que suele incluirse en el término decencia, bastaban como garantía de la rectitud de las conductas. Ya no; eso se acabó. Y será muy difícil que vuelva. Hoy prima el mamoneo, hasta el punto de que quien no mamonea es un primo.

(Y mamonear, en el españolísimo y popular sentido del término, no es lo que, según la Real Academia, pasa en Honduras, señor Pérez-Reverte.)