La Justicia se pone en la picota por el caso de las hipotecas
José Joaquín Rodríguez Lara
Desde que Pedro Pacheco, abogado y alcalde andalucista de Jerez de la Frontera, dijo que la justicia española es un cachondeo, lo único que ha cambiado es el número de personas que piensan lo mismo. Y la cifra sigue creciendo.
"La gente dirá que la justicia es un cachondeo y yo tengo que darle(s) la razón", afirmó Pacheco, en 1985, tras conocer que los tribunales habían suspendido el derribo del chalé de Norberto Ortiz, nombre real de un cantante mucho más conocido por su marca artística: Bertín Osborne.
Aquella crítica, aparentemente denostada por más personas de las que la compartían, contra la administración de la justicia en España le costó un serio disgusto legal y profesional al alcalde jerezano. Pacheco, que finalmente entró en prisión por varias ilegalidades, fue condenado a seis años de inhabilitación, 50.000 pesetas de multa y dos meses de arresto, como autor de un delito de desacato por su famosa afirmación. Tres años después, el Tribunal Supremo le absolvió por tres votos a dos.
En 1989 estalló ‘la sentencia de la minifalda’ que causó bastantes reproches en el país. La Audiencia de Lérida sentenció que la joven de 17 años María José López "pudo provocar, si acaso inocentemente, al empresario Jaime Fontanet por su vestimenta". El empresario fue condenado a una multa de 40.000 pesetas por un delito de abusos deshonestos con su empleada y el Supremo confirmó la ‘sentencia de la minifalda’.
El 26 de abril de este 2018, cuando comenzó la lectura de la sentencia sobre ‘La Manada’, la indignación corrió como la pólvora por toda España y centenares de miles de mujeres se echaron a la calle para mostrar su repulsa contra un fallo judicial considerado injusto, por benévolo, así como una afrenta a la dignidad de todas las mujeres, por la gran mayoría de la población. La sentencia de 'La Manada' desprestigió bastante más a la Justicia que el fallo de ‘la minifalda’ y puso definitivamente a los tribunales en la picota.
Ahora llega la marcha atrás del Tribunal Supremo sobre el Impuesto por Actos Jurídicos Documentado y su aplicación a las hipotecas. El Supremo comenzó dándole la razón a la ciudadanía y ha terminado concediéndosela a los bancos.
La indignación no sólo es general, es supina. Podemos está llamando a manifestarse ante el más alto tribunal del país. El Supremo se ha convertido en el Jarramplas de la Justicia española y hasta hay banqueros deseosos de bombardearlo con nabos, aunque sólo sean dialécticos. Pacheco no negó la existencia de la Justicia, criticó su funcionamiento. Después de 'La Manada' y del 'impuesto de las hipotecas' hay quien se pregunta, abierta y públicamente, si hay Justicia en España y si hace justicia.
La Justicia no es un cachondeo, como afirmó el alcalde de Jerez de la Frontera, es una cosa muy seria. Sus decisiones tienen una enorme repercusión sobre las personas, sobre la convivencia, sobre la economía y sobre la imagen exterior del país y su incidencia en las inversiones, en el empleo y en otras cuestiones relevantes. Es posible que alguien sostenga que los magistrados del Supremo han cumplido la ley, pero lo cierto es que, si es así, con menor o mayor acierto, la habrán cumplido tanto quienes le dan la razón a los bancos como los que se las dan a quienes se hipotecan.
Los jueces no sólo deben analizar las conductas presuntamente ilegales, sino interpretar la ley y aplicar esa interpretación en cada una de sus resoluciones.
Es obvio que el ordenamiento jurídico tiene su origen en la ciudadanía, que elige a sus representantes políticos para que hagan leyes. Así que desde los tribunales se debería mirar más a la calle para conocer la sensibilidad del justiciable y por dónde camina la sociedad a la que juzga antes de sentenciar, pues lo que ayer pasaba desapercibido hoy puede ofender y hasta escandalizar.
(Septuagésimo cuarto artículo publicado en extremadura7dias.com,
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