jueves, 27 de diciembre de 2012

La política no es un juego 


José Joaquín Rodríguez Lara


María Isabel Redondo y Bartolomé González, que tienen escaños y sueldos en la Asamblea de Madrid, han sido fotografiados enfrascados en un partida de ‘Apalabrados’ -un juego electrónico en línea que es similar al Scrabble- mientras en la cámara legislativa madrileña se debatía la ley que le abre las puertas a la privatización de la sanidad pública de la comunidad capitalina, un asunto de hondo calado. 

Bartolomé González y Maria Isabel Redondo en plena partida.
Foto de Álvaro García publicada en la edición digital de El País. 

La imagen y la noticia de ambos jugadores han corrido como la pólvora, aunque la mayor novedad del lamentable incidente no está en que sus señorías María Isabel y Bartolomé (3.500 euros brutos al mes de salario base como diputados rasos, más los correspondientes pluses por asistencia y responsabilidades personales encomendadas) se tomen la política como un juego, sino en el juego al que se entregan mientras juegan a hacer política. 



Ambos diputados son del PP, aunque la filiación partidaria no es lo determinante en una conducta tan inapropiada como la suya. A lo largo de los años he visto a parlamentarios de casi todos los partidos –a pesar de que los minoritarios no tienen tiempo ni para perderlo- haciendo cosas tan variopintas durante los plenos como leer el horóscopo en el periódico, analizar con detenimiento las páginas de desnudos de una conocida revista, hablar de asuntos graciosos e intrascendentes con otras señorías, mantener largas conversaciones por teléfono y hasta dormitar en el escaño. 



Con estas actitudes absolutamente injustificables, impresentables y denigrantes, los parlamentarios que se evaden de sus obligaciones no perjudican a los ciudadanos, pues si les ha tocado intervenir desde la tribuna intervienen y, además, su voto ya está predeterminado antes de que lo emitan. Perjudican a los políticos que sí se toman la política en serio, perjudican al sistema democrático, perjudican a su partido y se perjudican a sí mismos. ¿Quién se puede tomar en serio a quien se toma la política como un juego? Aunque fuera Supermán y pudiese hacer treinta cosas a la vez, ¿qué político tiene derecho a dar la impresión, nada más que la impresión, de que emplea en jugar el tiempo por el que se le paga para que trabaje?

Tanto Bartolomé González, ex alcalde de Alcalá de Henares, como María Isabel Redondo, integrantes ambos de la dirección del grupo parlamentario popular en la Asamblea madrileña, es decir, doblemente obligados a dar ejemplo, han pedido perdón por un desliz más propio de adolescentes que de personas adultas y han mostrado propósito de enmienda, pero el daño ya está hecho. Lo grave no es su falta de respeto a la ciudadanía jugando al ‘Apalabrados’ en pleno pleno, sino su contribución al descrédito de la política y de los políticos; incluidos los políticos que sí se toman en serio su función. En un momento de crisis económica tan atroz, cuando muchísima gente no tiene qué llevarse a la boca y mucha más va por el mismo camino, nadie que viva del dinero de todos debería seguir en el cargo después de haberse tomado la política como un entretenimiento. Las disculpas no bastan; se necesitan dimisiones. Que dimitan ambos por defraudar a quienes les votaron, a quienes le pagan y a quienes creemos que la democracia es el mejor sistema político posible, no un juego muy bien retribuido. Que le dejen el escaño a dos compañeros que en su momento no resultaron elegidos, pero que sí están dispuestos a cumplir con sus obligaciones.

Ciertamente, las sesiones parlamentarias, especialmente los plenos, resultan muchas veces tediosas y cualquiera puede caer en el aburrimiento pasando tantas horas sentado en un escaño escuchando dimes y diretes con la única misión de votar o poco más. Mas a nadie se le obliga a ser parlamentario. Se puede renunciar antes y después de la elección. La política no es un juego ni tampoco un oficio; es un servicio y para servir lo primero que hay que tener es voluntad de hacerlo. Especialmente cuando corresponde participar en sesiones de trabajo y se cobra por ello.

El abandono voluntario y ocasional de las obligaciones parlamentarias, que no del escaño ni de las retribuciones que conlleva, se debe, en buena parte, a que nuestras leyes electorales amparan las listas cerradas y bloqueadas. Ningún parlamentario español -tampoco los del Senado- puede asegurar que consiguió el escaño exclusivamente por méritos propios. El electorado vota muchas veces a favor de líderes cuyos nombres ni siquiera están en la papeleta que deposita en la urna. Todo lo contrario ocurre en sistemas, como el británico, en el que la circunscripción electoral es unipersonal y solo consigue escaño el candidato más votado. Cuando hay que ganarse el escaño arañando votos para derrotar a todos los demás contendientes, se le tiene mucho más respeto a los votantes y muchísima más responsabilidad ante ellos. 

En detrimento de la circunscripción electoral unipersonal se afirma que perjudica a las minorías, pues con tal sistema obtienen muchísima menos representación. Y es verdad. Pero es igualmente cierto que nuestro sistema de listas cerradas y bloqueadas perjudica a toda la sociedad, incluidas las personas que votan a los partidos minoritarios. Y, además, perjudica, y de qué manera, a los propios partidos políticos, contra los que se vuelven las irregularidades de sus parlamentarios, por ser los únicos responsables de haberlos puestos en las listas, sin darle a quienes votan al menos la posibilidad de tachar sus nombres. 

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