Así lo ha puesto de manifiesto la sentencia que condena a Juana Rivas a cinco años de prisión por la sustracción de sus dos hijos, a seis años despojada de la patria potestad para criarlos y educarlos, a indemnizar a su expareja, el ciudadano italiano Francesco Arcuri, con 30.000 euros por el daño moral y material que le ha causado y al pago de todas las costas judiciales.
Es una sentencia dura. Dura para cualquier madre, para cualquier mujer y para cualquier persona que tenga un mínimo de solidaridad con Juana Rivas. Pero es una sentencia legal; es la decisión de un tribunal de Justicia; no es el comportamiento absolutamente irresponsable e ilegal de una mujer azuzada y sostenida en su descabellada huida hacia prisión por una asesora legal y portavoz, cuya conducta merece ser analizada en un juzgado, y por decenas de miles de mensajes de ánimo, en las redes sociales, tan bienintencionados como nefastos.
Juana Rivas todavía es inocente, puesto que la sentencia que la condena es recurrible ante la Audiencia Provincial de Granada y, presumiblemente, continuará siéndolo en instancias superiores. Es muy probable que, si la condena se mantiene y llega a ser firme, como último recurso se le pida al Gobierno el indulto para ella. De hecho, ya se está pidiendo.
Pero más inocente aún que la condenada es Francesco Arcuri, su expareja, denunciado y condenado a tres meses de prisión en 2009, por malos tratos, e ‘indultado’ por Juana, que se reconcilió y volvió a convivir con él. Arcuri ya pagó su culpa, aunque haya sido vuelto a denunciar por malos tratos, de nuevo por la madre de los niños, sin que haya sido procesado ni mucho menos condenado, ni en España ni tampoco en Italia, por ese motivo. Así que, al menos por ahora, Francesco Arcuri se encuentra legalmente libre de culpa.
No parece ocurrir lo mismo con Juana Rivas. Está fuera de toda duda que, en vez de elegir el camino de la legalidad para defender los que considera sus derechos, Juana Rivas no sólo atajó por trochas ilegales, incluso manifiestamente delictivas, sino que puede decirse que hasta alardeó públicamente de ello.
Quería que sus dos hijos se criasen con ella, lejos de su padre, y los sacó del hogar familiar en Italia escondiéndolos en España. Lo que ha conseguido es que la Justicia no sólo le prive de la patria potestad sobre sus hijos, durante seis años, toda una infancia, sino que además la condene a un lustro de prisión.
Y como la última denuncia por malos tratos aún no ha surtido efectos penales, todo lo que ha conseguido Juana Rivas con su epopeya personal es una notoriedad que le perjudica tanto a ella como a sus hijos. Pero nada más. Al menos por ahora.
Si en vez de mal hubiese estado bien asesorada, si en lugar de ir en contra del Estado de Derecho, y no de uno, sino de dos, el italiano y el español, sustrayendo y escondiendo a los niños, hubiese ido en todo momento y lugar con la ley en la mano, quizá seguiría sin tener al lado a sus hijos, pero al menos no estaría luchando por eludir la cárcel.
Las leyes se pueden modificar y hasta derogar, pero no conviene saltárselas a la torera y, encima, convocando a la sociedad para que aprenda cómo se hace. En ocasiones el salto de la ley no sale bien y se termina dando con los huesos en la celda. Juana Rivas acaba de dar un paso más hacia las rejas.
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