El Postigo

La lista de la vergüenza

José Joaquín Rodríguez Lara

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda en el primer Gobierno de Rajoy, amenaza con publicar una lista con la identidad de quienes tienen deudas fiscales lo suficientemente antiguas para que se les pueda considerar morosos.

No creo estar entre las entidades, empresas y particulares que eluden el pago de sus impuestos, pero la actitud del ministro me parece improcedente.

He visto en los medios digitales alguna encuesta en la que la postura favorable a que se publique esa lista es abrumadoramente mayoritaria, con porcentajes cercanos al cien por cien. Antes de ver los resultados de la consulta yo ya había votado en contra de la publicación del listado.

Y no es que no me interese saber el nombre de quienes me roban -pues, literalmente, me roban- al eludir el pago de los impuestos; todo lo contrario, me interesa y mucho. Quiero saber quienes son los saqueadores de la Hacienda pública, pero por encima de todo deseo que la Justicia les haga pagar lo que me deben y no creo que hacer una lista con sus identidades y publicarla sea lo más adecuado. Dudo, incluso, de que sea constitucional. Si se publican los nombres de quienes no aportan a las arcas públicas lo que les corresponde, ¿por qué no se podría publicar la lista de los violadores, de los maltratadores, de quienes conducen borrachos o de los chorizos de medio pelo? Los delitos de cada uno de ellos dañan al conjunto de la sociedad. ¿Por qué no se publica la lista de los bígamos -alguno hay- y de los divorciados que no pagan la pensión establecida por los tribunales? A muchas personas les gustaría saber si tienen algún conocido entre ellos.

Que se le pretenda dar a los defraudadores un trato equivalente al de los terroristas en busca y captura me parece un enorme error. Tan solo anunciar que se estudia tal posibilidad, como ha hecho el ministro, ya me parece un error enorme. Quienes no pagan sus impuestos no son personas, físicas o jurídicas, desconocidas. Todo lo contrario. Hacienda sabe muy bien quienes son, a qué se dedican, donde están y en qué emplean el tiempo libre. Pues si el ministro sabe quienes son los desfraudadores, donde están y cuanto deben, lo que debe hacer es aplicarles la ley, llevarles a juicio, que se les condene, si son culpables, y que se les encarcele o se les embargue si así lo deciden los tribunales. En suma, que la Justicia realice su trabajo, pues de lo contrario estaría demás. Sin ley no hay sociedad y sin un sistema judicial operativo no hay estado.

Condenado por la Inquisición, vestido
con el capotillo del sambenito y el capirote a juego
y expuesto al escarnio público, escucha sus delitos.

Y si las actuales leyes españolas no son eficaces para sancionar a los morosos, lo que debe hacer el ministro de Hacienda es proponerle al Gobierno y a las Cortes, la aprobación de una nueva normativa que sí resulte eficaz contra la morosidad. El ministro Montoro tiene mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado, puede hacerlo con rapidez y sin obstáculos insalvables. Publicar la lista de los delincuentes fiscales con el objetivo de que sea el pueblo el que, por acción u omisión, presione a los morosos con el oprobio del sambenito, como en los procesos inquisitoriales, o con el ostracismo, como en las dictaduras, puede abrir la espita de la agresión física, lo que se acercaría peligrosamente a la lapidación y a otras formas de justicia populista imperantes aún en sociedades no democratizadas. Cierto es que en otros países sí existen esas listas, pero son comunidades en las que engañar al estado está considerado una vergüenza y no una hazaña, como aquí. España es un país en el que se llama pícaros, es decir, astutos, a los delincuentes inmunes al escarnio público. 

Si se publicase el listado de Montoro estaríamos, además, ante una alevosa dejación de funciones y, por encima de todo, resultaría una muestra palpable de debilidad gubernamental. Si el Gobierno necesitase recurrir a la presión del conjunto de los españoles para aplicar las leyes, ¿para qué necesitaríamos un Gabinete completamente inútil y que, además, resultaría tan caro o más que un gobierno verdaderamente dispuesto a gobernar?