El Postigo

El empleo imaginario

José Joaquín Rodríguez Lara

Titulados en derecho, formados en las aulas de más de veinte universidades norteamericanas, han iniciado un proceso judicial sin precedentes contra sus escuelas por no encontrar trabajo en una profesión en la que han invertido años de estudio y muchísimos dólares: casi siempre más de 100.000 billetes verdes por cabeza.

Los abogados sin trabajo se consideran estafados por los centros en los que estudiaron; acusan a sus universidades de haberles hecho estudiar y pagar pintándoles un atractivo panorama profesional que, en realidad, no existe. En el paraíso de los letrados, en el territorio del jurado y de los fiscales de pasarela, en el país que ha hecho del 'jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad con la ayuda de Dios' todo un género cinematográfico, en los Estados Unidos de Obama hay miles y miles de abogados que, en vez de trabajar en un bufete, terminan doblando camisas a diez dólares la hora.

Dirá usted que estas cosas solo pasan en el cine, o en los Estados Unidos de Norteamérica, que para el caso es lo mismo, pero no es cierto. Aquí, en España, ocurre cuarto y mitad de lo mismo.

Aspirantes a tener empleo como profesores se someten a una prueba
correspondiente al proceso selectivo de las oposiciones. (Imagen bajada de Internet)

Las universidades estadounidenses atraen a sus clientes, los estudiantes, convenciéndoles de que la sociedad les está esperando con los brazos abiertos para hacerles ganar mucho dinero. Que la publicidad sea una estafa, no importa; lo importante es que los jóvenes se matriculen y paguen. En España no son las universidades, es toda la sociedad, desde las abuelas hasta el presidente del Gobierno, la que pregona que labrarse un porvenir pasa, irremediablemente, por estudiar una carrera universitaria. ¿Cuál? ¡Ah!, eso debe decidirlo cada cual. Y no importa que sobren abogados o periodistas o filólogas o maestros o biólogas, las universidades españolas siguen funcionando como si hubiera una demanda brutal de estos profesionales y de otros historiadores sin empleo. No se endurecen las condiciones de acceso para seleccionar a los aspirantes más capaces, no se mejora la calidad de la enseñanza y los controles para reforzar la formación de los futuros profesionales, no se realizan campañas para atraer a los bachilleres hacia carreras como la de matemáticas, por ejemplo, en las que sí hay posibilidades de empleo.

Los estudios universitarios son caros en este país, muy caros; sobre todo para los que no estudian ni tienen hijos estudiando pero pagan la universidad a través de sus impuestos. Pues a pesar de lo mucho que cuesta hacer una carrera, nadie toma medidas para que la titulación universitaria sea un derecho que debe estar refrendado por la capacidad de estudio y por el esfuerzo personal del estudiante; tampoco se hace gran cosa para ajustar la oferta de titulaciones a las necesidades reales del país, a la demanda de profesionales. Y, por supuesto, nadie le garantiza al universitario que si se esfuerza, si estudia, si se prepara a conciencia, saldrá de la universidad con un empleo bajo el brazo. Mal que bien, las universidades preparan al estudiante y, luego, que él se preocupe de hacer masteres y oposiciones, de buscarse un puesto de becario, de barrer las calles o lo que le dejen hacer. El empleo no es responsabilidad de la universidad.

Entrega de despachos a oficiales del Ejército
pertenecientes a una promoción de la Academia Militar
de Zaragoza. (Imagen bajada de Internet)

¿Y por qué no lo es? ¿Por qué a las universidades les preocupa tanto el empleo del profesorado y tan poco el futuro laboral de los estudiantes? Se les ayuda a buscar trabajo, sí; se les ilustra sobre el ejercicio de la profesión, desde luego; se les pone en contacto con potenciales empleadores, efectivamente. ¿Se les garantiza un empleo? No. Pues a los militares, sí, y a los guardias civiles parece que también, y a los agentes de la policía, más de lo mismo. Cuando necesita la aportación de profesiones que generalmente son desempeñadas por civiles, por ejemplo de la medicina, el Ejército incluso financia la formación universitaria de alumnos que, además de la carrera militar consiguen una titulación civil, con lo que una persona puede al mismo tiempo prepararse para ser médico y militar, teniendo asegurado el trabajo como facultativo de las fuerzas armadas. ¿Por qué el Estado que, con el dinero de todos, capacita profesionalmente tanto a un oficial del Ejército como a un maestro de escuela, le garantiza un empleo para toda la vida al militar que ha terminado sus estudios y en cambio se desentiende de la contratación del profesor de Primaria? ¿Por qué el profesorado debe someterse a la ruleta rusa de las oposiciones y los guardias civiles no? ¿Por qué los alumnos de las academias militares consiguen trabajar en lo suyo y la mayoría de los universitarios terminan, si tienen suerte, en empleos que nada tienen que ver con lo que estudiaron? ¿Se debe, acaso, a que las escuelas militares y las de la Guardia Civil o de la Policía sólo admiten el número de alumnos que necesitan y los forman a conciencia para que ocupen los empleos que están vacantes, mientras que la universidad admite todo lo que le cabe, haya trabajo al final del túnel o no lo haya?

La línea que separa el derecho al estudio del espejismo del empleo es muy delgada. Sobre todo en España.

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/04/11/actualidad/1365692337_988176.html