El Postigo

Vara, el notario y la madre

José Joaquín Rodríguez lara

Guillermo Fernández Vara, candidato del Partido Socialista Obrero Español a la Presidencia del Gobierno de Extremadura, ha decidido registrar ante notario un conjunto de 50 medidas que aplicará si es investido presidente de los extremeños.

Está en su derecho de hacerlo así, aunque me resulta muy chocante que lo haga.

 

Previa solicitud de sus servicios, los notarios pueden levantar acta y dar fe de cualquier cosa que vean, oigan o se les cuente, como es el caso de Vara. Pero las declaraciones unilaterales de intenciones son sólo eso, meras intenciones, y obligan al declarante lo mismo o incluso menos que los buenos propósitos con los que algunas personas acostumbran a iniciar el año: después de Reyes me pongo a dieta y dejo de fumar y también aprendo inglés para siempre. Declarar ante notario que se va a hacer lo que se cree que se debe hacer tiene tanta carga de obligatoriedad como hacerle promesas a la virgen siendo ateo.

Y no es que me parezca malo, es que me resulta increíble.

Lo que hace Fernández Vara es firmar un contrato, pero no 'con' sino 'ante' la ciudadanía, 'ante' el electorado y más específicamente 'ante' sus votantes, comprometiéndose públicamente y por escrito a tomar 50 medidas concretas en tiempo y forma. Esa declaración 'ante' notario la suscribe él, no la ciudadanía ni el electorado ni los votantes del PSOE. El notario dará fe de que Fernández Vara le asegura que va a tomar 50 medidas, pero ni vigilará que las tome ni saldrá en defensa de la población si no las toma.

Guillermo Fernández Vara, expresidente de la Junta
 de Extremadura. (Fotografía difundida por www.psoecaceres.com)

Al final, ese compromiso en la notaría tendrá menos repercusión social y menos poder coercitivo que el clásico programa electoral impreso en papel cuché que a Guillermo Fernández Vara ya no parece resultarle suficiente. El año 2007 Vara se presentó a las elecciones con un programa en el que prometía crear 60.000 empleos. Cuatro años después, en el 2011, no sólo no había creado esos 60.000 empleos, sino que durante su mandato habían desaparecido otros 48.000. En una legislatura volaron 108.000 empleos y, como el gato escaldado del agua fría huye, el electorado le dio la victoria en las urnas a José Antonio Monago y Guillermo Fernández Vara se aprendió el camino de la notaría.

Pero, aunque no pase por el notario, un programa electoral también es un contrato ante la ciudadanía, también es un compromiso ético con el votante y una declaración pública de intenciones, a pesar de que muy pocas veces se hacen completamente realidad. Al contrario de lo que ocurre con los folletos de publicidad, los tribunales de Justicia no consideran que el incumplimiento del programa electoral sea un fraude y no lo admiten como prueba determinante en una reclamación del electorado. Hay jurisprudencia: véase el caso del cantautor catalán Lluis Llach contra Felipe González -la OTAN, de entrada no- por el referéndun del tratado del Atlántico Norte.

Tengo a Guillermo Fernández Vara por una persona cabal y no creo que, por sistema y maliciosamente, haga programas electorales para incumplirlos, pero que registre en una notaría sus intenciones me hacen sospechar que yo creo mucho más en su honradez de lo que cree él mismo.

 

No me fío, no puedo fiarme de quien necesita recurrir al notario para obligarse a cumplir sus compromisos.

Unas elecciones no es la compraventa de una casa ni el alquiler de un cortijo, aunque a veces pueda parecerlo. En el registro notarial de esas operaciones siempre hay tres partes: la que vende, la que compra y la que da fe de los términos del acuerdo. En esos casos, el contrato tiene firmeza y obligatoriedad. En cambio, una declaración unilateral de intenciones obliga lo que el declarante quiera que le obligue y, desde luego, no más que una promesa electoral o un programa de gobierno.

El registro ante notario denota que Fernández Vara no se fía de sí mismo o no se fía de sus compañeros de partido o son ellos quienes desconfían de él. O, también que, registrando ante notario esas 50 medidas, pretende salvaguardarlas de las concesiones que conllevarán posibles pactos postelectorales de gobierno. Vana pretensión, pues la historia demuestra que, en cualquier partido político, si para llegar al poder hay que vender a la madre, se la vende, aunque esté registrada ante notario. Y si no, al tiempo.