El Postigo

La coordinación de las diputaciones

José Joaquín Rodríguez Lara

Cada vez que se habla de reducir el número de organismos oficiales se piensa en las diputaciones. Se crearon tras la Constitución de Cádiz de 1812, hace más de 200 años, y supusieron una avance indudable en la descentralización de la gestión política y en el auxilio administrativo a los pequeños municipios.

La primera que se creó fue la Diputación de Extremadura. Se reunió por primera vez el 24 de octubre de 1812 en Badajoz. Tras ella, ese mismo año, se constituyeron las diputaciones provinciales de Cataluña (30 de noviembre), de las Islas Baleares (12 de diciembre) y, a partir de esa fecha, las restantes.

Hubo una época en la que las diputaciones eran imprescindibles. Ya no lo son. El efecto descentralizador que supusieron ha sido ampliamente superado por las administraciones autonómicas. Lo que hacen las diputaciones extremeñas puede hacerlo el Gobierno de Extremadura y a menor coste.

Suprimir las diputaciones no es tarea fácil, pues habría que reformar la Constitución, lo cual exige una mayoría parlamentaria muy cualificada: tres quintas partes del Congreso y tres quintas partes del Senado. Y, además, es sabido que en este país las reformas constitucionales las carga el diablo.

Pero no sería necesario disolver las diputaciones para adecuar la estructura institucional al Estado de las Autonomías.

La propia Constitución, tan alabada por su flexibilidad, deja una puerta entreabierta al reacondicionamiento cuando, en el punto 2 de su artículo 141, establece lo siguiente: “El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.”

Es decir que otras corporaciones, ajenas a las diputaciones, pueden encargarse del gobierno de las provincias, según la Constitución.

Y el vigente Estatuto de Autonomía de Extremadura, en el punto 4 de su artículo 59, dice: “La Comunidad Autónoma coordinará las funciones propias de las diputaciones provinciales que sean de interés general de Extremadura. A estos efectos, y en el marco de la legislación del Estado, por una ley de la Asamblea aprobada por mayoría absoluta se establecerán las fórmulas generales de coordinación y la relación de funciones que deban ser coordinadas.”

Así que ni las diputaciones extremeñas son las depositarias exclusivas de la función del gobierno de las provincias de Cáceres y de Badajoz, ni su gestión puede estar al margen de lo que establezca la “Comunidad Autónoma”, que, eso sí, debe aprobar en el Parlamento regional y por mayoría absoluta, una ley que regule esa coordinación.

Una coordinación que, en buena lógica, debería incidir en que no existan competencias duplicadas o triplicadas, si en el recuento entran los ayuntamientos. No parece lógico que si hay una Consejería de Agricultura, por ejemplo, las diputaciones tengan departamentos de agricultura. Y lo mismo puede decirse de cultura, de carreteras, de deportes, de bomberos, etcétera, etcétera.

¿Y qué pasaría con los funcionarios, con los inmuebles, los vehículos, la maquinaria y los ingresos estatales destinados a esas actividades que actualmente están adscritas a las diputaciones? Lo mismo que pasó cuando se puso en marcha la descentralización autonómica. Habría que hacer un trasvase de personas, de medios y de dinero.

Alguien dirá que es una locura despojar a las diputaciones de sus competencias, aunque estén duplicadas o triplicadas. Pero eso es lo que ya se hizo en tiempos y por deseo expreso de las propias diputaciones. Ocurrió cuando se desprendieron de sus competencias en psiquiatría, traspasándole a la Junta de Extremadura los hospitales psiquiátricos de Mérida y de Plasencia, que consumían una gran tajada del presupuesto de las dos diputaciones extremeñas.

Si algún día se aprueba la ley mencionada en el artículo 59 del Estatuto de Extremadura, y las diputaciones actúan coordinadas por el Gobierno regional, en vez de cómo gobiernos provinciales autónomos, como ocurre ahora, los ciudadanos saldrán beneficiados. La actuación de las distintas administraciones será más eficaz, no habrá duplicidades innecesarias y, lo más importante, las diputaciones no podrán “hacer la guerra por su cuenta”, actuando como un contrapoder del Gobierno autonómico, ni siquiera cuando estén gobernadas por partidos políticos diferentes.

Y no es que las diputaciones extremeñas lo estén haciendo mal, es que lo hacen bien, pero con el dinero de todos. Y a las instituciones públicas hay que exigirles la mayor eficacia al menor coste, dos parámetros indisolublemente ligados a la especialización. Una especialización de la que las diputaciones españolas están muy lejos. Tan lejos que ni se la plantean.