Los padres de Laura Luelmo, la joven profesora violada y asesinada a manos de un extremeño, de Badajoz, residente en El Campillo (Huelva) han hecho pública una carta en la que, además de mostrar el dolor extremo que les causa la muerte de su hija, exponen también la pena adicional de que ese trauma se lo haya causado la deplorable administración del Estado.
Los padres de Laura acusan al Gobierno, al Parlamento, a la Justicia, al sistema penitenciario… al Estado, en suma, de haber propiciado el secuestro, violación y muerte de la joven, por no haber controlado a una persona tan violenta y, además, reincidente como Bernardo Montoya, asesino confeso de Laura Luelmo.
Y tienen razón los padres de Laura; tienen toda la razón del mundo. El Estado, que somos todos, ha fracasado en este y en otros muchos casos delictivos. Los políticos que legislan, los que gobiernan, los que administran las prisiones, los jueces que aplican las leyes, las fuerzas de seguridad que vigilan su cumplimiento, quienes votamos a esos políticos y con nuestros impuestos pagamos los sueldos de esos funcionarios del Estado estamos fracasando. Rotundamente. Todos somos copartícipes de la muerte de Laura, todos.
A veces se tiene la impresión de que el Estado español es proporcionalmente mucho más severo con quienes cometen faltas que con quienes perpetran delitos irreparables. Te desahucian de casa para siempre por no pagar el alquiler y te dan alojamiento, comida, atención sanitaria, ocupación, sueldo y esperanza de redención y libertad por violar y matar. Existe la prisión permanente revisable, pero ¿quién cumple totalmente su condena en la España en la que vivimos?
La cárcel es muy dura, cierto, pero la muerte lo es mucho más; la muerte es para siempre. No hay revisión posible. De la cárcel se sale, de la tumba, no.
A pesar de algo tan obvio como grave, muchísimas personas prefieren que un millar de culpables se burlen de todos eludiendo la condena de sus actos punibles, antes de que a un inocente se le condene por un delito que no cometió. Es comprensible pues, por razones difícilmente explicables, hay cierta debilidad hacia los grandes delincuentes, capaces hasta de enamorar a pesar de los barrotes. Lo malo es que, a veces, quien tiene las manos manchadas de sangre aprovecha su tiempo de libertad para volvérselas a manchar.
Es lo que ha ocurrido con Laura Luelmo y con muchas otras víctimas de personas cuya maldad, cuyo desequilibrio mental, está muy por encima de sus condenas. La cárcel enferma a muchas personas sanas, pero cura y reinserta en la sociedad a muy pocas, a casi ninguna, persona enferma.
Algunas personas que han asesinado, Bernardo Montoya entre ellas, piden a gritos que no se las deje libres porque volverán a matar. Sin embargo, el Estado no tiene en cuenta estas confesiones con propuesta de penitencia y, cuando se cumplen las pautas de conducta establecidas por el sistema penitenciario, cuando la persona presa no da problemas a sus carceleros, se analiza su caso y, si se considera oportuno, se le excarcela para que la sociedad examine en carne propia el desasosiego que acarrea cualquier proceso de reinserción, tanto propio como ajeno.
Los padres de la joven violada y asesinada en El Campillo exigen que los condenados reincidentes cumplan íntegras sus penas. Unos padres que hasta se atreven a solicitar que el Estado, a través del Gobierno, les pida perdón por la muerte de su hija. Perdón. ¿Qué menos que eso se merecen unos padres que se han quedado sin hija debido a que el Estado no funciona? ¿Qué menos, señor presidente del Gobierno, qué menos señorías, qué menos debemos hacer todos y cada uno de los habitantes de este país que pedirles perdón a los padres de Laura Luelmo?
(Nonagésimo séptimo artículo publicado en extremadura7dias.com,
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